La diputada federal por Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez, destacó que urge que las autoridades revisen el sistema del servicio asistencial y las condiciones en que laboran los albergues en México, para constatar que atienden debidamente a sectores desprotegidos como niños, niñas, adolescentes y ancianos.
En un comunicado, la legisladora federal por el Estado de México condenó los actos de violencia física y psicológica, abusos y malos tratos en casas asistenciales que han sido evidenciados en los medios de comunicación.
Subrayó que es importante asegurar un trato digno y de calidad a las personas que tienen necesidad de alojarse en albergues, así como contemplar castigos severos para quienes violenten física o psicológicamente a esos sectores en situación de vulnerabilidad.
Garfias Gutiérrez reiteró que es necesario fortalecer la ley en la materia e impulsar mecanismos que contribuyan a proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que habitan esos lugares.
Por lo anterior, pidió no retrasar más la creación del registro nacional de albergues, como lo ha demandado UNICEF, y que las autoridades de Desarrollo Social, Salud, el DIF, y Derechos Humanos realicen inspecciones constantes a esos espacios.
Citó que datos del DIF Nacional revelan que en 2013 había 25 mil 700 niños y adolescentes en 922 albergues, 805 privados y 117 públicos, cifra que destaca la importancia de darles más atención y recursos.
Recordó que hace un año, tras el operativo en la casa hogar “La Gran Familia”, en Michoacán, se rescataron 500 menores que presuntamente vivían en malas condiciones y sufrían maltrato, diversas instancias nacionales e internacionales, incluida la UNICEF, se pronunciaron por hacer un diagnóstico nacional sobre los albergues.
Señaló que a la fecha no se ha hecho dicho diagnóstico, por lo que persiste la desinformación y no hay datos exactos de cuántos albergues hay, cuántos niños y adolescentes amparan y cuál es su situación jurídica.
La diputada federal habló sobre el caso de violación a los derechos humanos y maltrato denunciado por la organización Disability Rights International (DRI), quien dio a conocer que en la Casa Hogar Esperanza para Débiles Mentales, localizada en el Distrito Federal, al menos cinco pacientes sufrieron abusos sexual.
La legisladora aliancista manifestó que “las situaciones de este tipo son indignantes y obligan a las autoridades a actuar conforme a derecho, no ser omisas, investigar el caso a fondo y castigar a los responsables”.
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