Un Tribunal Colegiado ordenó a un juez federal dar entrada al amparo que promovió el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien busca que se ordene realizar una técnica de investigación para recabar información bancaria del ex secretario de la Comisión de Administración del Senado, Rafael Jesús Caraveo Opengo.
La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con un video donde se ve a Caraveo Opengo recibiendo fajos de billetes que se estima ascienden a 12 millones de pesos, dinero que se presume se utilizó para sobornar a legisladores federales para aprobar la reforma energética en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con las investigaciones, se cree que dichos recursos en manos de Caraveo Opengo, los distribuyó el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, como parte de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En audiencia celebrada en marzo pasado, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, rechazó ordenar la técnica de investigación solicitada por Lavalle Maury. El juez mencionó que Caraveo Opengo no tiene calidad de investigado.
Sin embargo, el ex senador indicó que la información es vital para su defensa en el proceso que se le sigue por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y por supuestamente recibir 97 millones 190 mil pesos para aprobar la reforma energética, de los cuales se cree lavó 52 millones 390 mil pesos.
Como Fuerte Tapia no accedió, Jorge Luis Lavalle promovió un amparo, pero su demanda fue desechada por Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Ahora, por unanimidad, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal acaba de declarar fundado el recurso de queja del ex senador y ordenó al juez de amparo admitir la demanda y desahogar el proceso.
Los magistrados señalaron que “de no autorizarse la técnica de investigación de que se trata, en su caso, podría afectar la tramitación de la etapa en que se encuentra la carpeta judicial, y afectar el derecho fundamental de defensa del quejoso en caso de impedírsele allegar a ella los datos de prueba que pudieran servir para su defensa en la siguiente etapa procesal”.
Mencionaron que esto “podría traducirse en una violación que posiblemente incidiría de modo trascendente en la resolución que pudiera emitirse en la etapa de juicio, pero que se traduciría en una afectación inmediata a la parte quejosa, en razón de que al reclamar en amparo directo la sentencia definitiva no podría hacer valer las violaciones ocurridas en las etapas anteriores”.
El ex legislador ha señalado en proceso que algunos datos de prueba que presentó la FGR son ilegales, particularmente el video donde se observa a Rafael Jesús Caraveo Opengo, porque no se obtuvo con una autorización judicial y tampoco una conversación que también se entregó como prueba en su contra.
(milenio.com)