Senadoras de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) hicieron un llamado para que los jóvenes que han infringido la ley tengan un adecuado proceso de reintegración social.
El propósito es eliminar la posibilidad de que los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes funcionen como “universidades del crimen”, detallaron las priistas Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Lilia Merodio Reza.
También Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar y Juana Leticia Herrera Ale, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) así como María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Presentaron un punto de acuerdo para solicitar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de su Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen las Leyes Penales.
Las legisladoras consideraron en un comunicado que se requiere corregir las irregularidades que impiden el cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, puesto en marcha en 2005.
En la propuesta que se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, refieren que el 3 de marzo el Senado recibió un informe de la CNDH en el que además de maltrato a los internos, se enumeran deficiencias en el personal y el equipamiento que son un obstáculo para la reinserción de los menores de edad a la sociedad.
Entre las irregularidades destacan la carencia de servicio médico adecuado y de programas contra las adicciones, falta de personal, de capacitación, deficiencias en la supervisión, así como la presencia de elementos policiales que viven en los establecimientos.
Las senadoras destacaron la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos humanos y que los adolescentes infractores tengan un adecuado proceso de reintegración social.
La atención a la problemática en dichos centros se debe atender con base en un compromiso entre los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, por lo que es fundamental difundir el contenido del informe de la CNDH, así como cumplir sus recomendaciones.
El organismo llama a prevenir conductas que puedan constituir tortura o maltrato a partir de programas de capacitación al personal sobre derechos humanos, y que se contemplen los temas del uso racional de la fuerza y el manejo de conflictos.
Plantea además ordenar que los instrumentos de coerción se utilicen en casos excepcionales, siempre y cuando se hayan agotado los medios pacíficos de control y de acuerdo con la forma expresamente autorizada por un ordenamiento legal.
Se recomienda también prohibir la permanencia de elementos policiales armados y la colocación de objetos que obstruyan la visibilidad en los dormitorios.
Otra recomendación es aplicar medidas que fortalezcan vínculos de los adolescentes con personas del exterior, así como la instalación de aparatos telefónicos suficientes, gratuitos, en buenas condiciones de uso y sin restricción para números sin costo.
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