El Senado pidió a la Secretaría de Trabajo información detallada sobre la implementación de un programa nacional preventivo y de sensibilización que prevenga y desaliente el despido por embarazo y la discriminación laboral en los centros de trabajo.
El dictamen avalado por el Pleno senatorial señala que de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica de los Hogares (Endireh) 2011, en el país existen 18.4 millones de mujeres ocupadas.
Expone que de ellas, el 22.6 por ciento se declararon víctimas de violencia laboral en los 12 meses previos a la entrevista, ya sea por recibir un menor sueldo que el de sus pares hombres, bajo las mismas condiciones de trabajo, o tener una menor oportunidad de ascenso.
Considera necesario que el reporte que envíe la dependencia incluya el número de mujeres despedidas por embarazo a nivel nacional y las acciones realizadas para investigar los hechos y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes.
Agrega que 14.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más que alguna vez en su vida han trabajado o solicitado trabajo, declararon que se les ha pedido certificado de no gravidez como requisito para su ingreso, o por embarazarse las despidieron o bajaron el salario.
Las mujeres que refieren ser discriminadas representan 91.3 por ciento, lo que ubica a este tipo de agresión como la principal forma de violencia por razón de género en los centros de trabajo de México, indica.
En cuanto al acoso, 19.3 por ciento de las violentadas en los centros laborales dicen que han sido molestadas de esta manera por algún compañero o superior.
La discriminación en el lugar de trabajo tiene efectos económicos nocivos para las mujeres no sólo a nivel personal, sino en el funcionamiento de la economía nacional, ya que no se aprovecha la habilidad y talento de aquellas que están en edad productiva.
Al respecto, el Banco Mundial ha señalado que la eliminación de algunos factores que impiden a las mujeres atender determinadas actividades o sectores económicos, podría reducir diferencias de productividad con hombres trabajadores entre un tercio y un medio.
Además, la producción por trabajador o trabajadora aumentaría entre tres y 25 por ciento en algunos países, por lo que esta situación debería ser considerada por los empleadores mexicanos como una oportunidad para contribuir a la igualdad sustantiva en el trabajo, agrega el dictamen.
En un segundo dictamen, avalado también por el Pleno senatorial, se acordó solicitar a las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, estatales y del Distrito Federal, informen el número de denuncias realizadas por el despedido a mujeres.
Lo anterior, por embarazo o por condición de maternidad; las empresas o instituciones públicas que han incurrido en esas prácticas y las acciones implementadas para tutelar el derecho de las afectadas.
En este sentido, que informe, en su caso, de las acciones promovidas contra servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas, en términos de ley, y los casos en que ha procedido una denuncia por el delito de discriminación por restricción o negativa de derechos laborales.
El dictamen precisa que el hecho de que hoy día las mujeres tengan mayor participación en el mercado laboral, no implica que se hayan igualado las condiciones de trabajo entre géneros.
De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 2008 existía una brecha de 30 por ciento entre los ingresos de las mujeres y los hombres.
Además, tres de cada 10 trabajadoras sufrían discriminación en su salario por estar casadas o tener hijos. En el caso del desempleo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo trimestre de 2011, arrojó que la tasa de desocupación es mayor en mujeres que en hombres.
En suma, el contexto laboral para las mujeres es complicado pues tienen menos posibilidades para acceder a un trabajo decente, experimentan diferencias salariales, y cuando acceden a una plaza laboral se enfrentan a prácticas discriminatorias o de segregación.
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