En la presente administración 223 mujeres indígenas presas en diversas cárceles del país acusadas de delitos menores, y que en su mayoría no contaban con el debido acompañamiento legal, recuperaron su libertad, informó Nuvia Mayorga, directora de la CDI.
Al participar en la ceremonia del Día Internacional de la Mujer, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, explicó que en todos los casos, se trata de delitos no graves y la mayoría terminaron en condenas por falta de atención legal oportuna e incluso por problemas de interpretación.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto, las mujeres que forman parte del gabinete federal y representantes populares de diversas fuerzas políticas, resaltó las acciones en favor de estas mujeres, las cuales van más allá de la excarcelación, pues se les apoya para emprender proyectos productivos una vez liberadas.
La titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) indicó que la intención es que cuenten con opciones para continuar con su vida una vez fuera de la cárcel, sin tener que depender de familiares o la comunidad, y tengan certeza sobre su futuro.
La Comisión tiene claro, dijo, que uno de los problemas más frecuentes que llevan a las indígenas a la cárcel, es la falta de una interpretación adecuada del español a su lengua, lo cual deja en estado de indefensión a las acusadas y genera serios problemas en el debido proceso.
De ahí, abundó, que en esta administración se apoyó a 238 mujeres indígenas durante los procesos penales que enfrentaron, con las debidas interpretaciones en las lenguas originarias, para garantizar juicios apegados a la ley y que no se cometan injusticias.
En la misma línea, recordó Nuvia Mayorga, el Programa de Derechos Indígenas formó 198 abogados indígenas en un esquema de colaboración entre la CDI, el Instituto Federal de Defensoría Pública, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría Agraria.
También participan en este esfuerzo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Organización de Estados Americanos, específicamente a través de su programa de derecho penal en lenguas indígenas.
La línea general consiste en lograr un país libre de violencia y discriminación, más justo, digno y próspero, donde la condición de género y de indigenismo, dejen de ser sinónimo de mayores dificultades para alcanzar una adecuada calidad de vida.
Luego de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto entregó apoyos de programas federales de la CDI y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a varias mujeres (en su mayoría indígenas), tomó la palabra Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres.
Explicó que el presupuesto federal para atender necesidades de género en el país, asciende a 24 mil millones de pesos, que se aplican en dos tercios de los municipios, precisamente para compensar las desigualdades históricas por razones de género, sobre todo en las zonas más apartadas y marginadas.
El actual gobierno tiene como directriz atender de manera integral las necesidades de las mujeres, lo que permite a muchas empoderarse en sus comunidades, al encontrar o crear opciones productivas que las vuelven protagonistas de su propio desarrollo, añadió.