El Senado avaló la ratificación del Ejecutivo del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, por una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil.
Durante la sesión ordinaria de este martes se ratificó dicho convenio, que establece que se eleve en forma progresiva la edad mínima de admisión al empleo hasta llegar a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.
En el dictamen se establece que el Convenio 138 fue adoptado el 26 de junio de 1973 por la 58 Reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo y exige a los Estados participantes proporcionar los medios para liberar a niños, niñas y adolescentes de las peores formas del trabajo infantil, aseguren su rehabilitación e inserción social.
También establece que los Estados deben asegurar el acceso a la enseñanza básica gratuita y a la formación profesional, por lo que senadores de diversas fracciones legislativas se pronunciaron por establecer bases mínimas de combate a la pobreza para ofrecer a la población infantil y adolescente acceso a la salud y bienestar.
La senadora Gabriela Cuevas Barrón, del PAN, reconoció en tribuna que no es tarea fácil, pues México suma dos millones de infantes que trabajan y enfrentan abuso de sus derechos en materia educativa, de salud y de desarrollo social, pero al adherirse al Convenio de la OIT el país avanza en el camino correcto para superar este flagelo.
Alejandra Barrales Magdaleno, legisladora por el PRD, subrayó que México ocupa la posición 57 de 96 países referentes en trabajo infantil, en la mayoría de los casos en condiciones sumamente lamentables, ante lo cual dicho tratado internacional permitirá impulsar programas para afianzar la protección de los derechos de la niñez.
La senadora Mayela Quiroga Tamez, del PRI, destacó que el Convenio de la OIT va en concordancia con el marco jurídico impulsado en favor de la niñez, con reformas constitucionales en materia de educación y respeto a sus derechos humanos.
Explicó que ello, a su vez, abre la oportunidad de que al llegar a etapa adulta tengan acceso a una mejor vida laboral.
La legisladora Angélica de la Peña, del PRD, reconoció la postura del Ejecutivo para ratificar el Convenio 138; sin embargo, estableció que es necesario reforzar las acciones en defensa de la protección a la infancia a mexicana para evitar que se “dé la vuelta” a las leyes.
Planteó la conveniencia de que incluso se persiga judicialmente a quienes incurran en la explotación laboral infantil, o los responsables de que no tengan acceso a la educación y salud.
En ello coincidió el también legislador perredista Fidel Demédicis Hidalgo, quien destacó que son más de 10 millones de menores los que viven en condiciones infames en México, obligados a trabajar en tareas del campo incluso desde los tres años a causa de la pobreza.
La senadora perredista Lorena Cuéllar estableció que la pobreza y la obligación impuesta a menores de realizar labores para acceder a recursos impactan negativamente en el acceso a la educación, por lo que hay mucho por hacer para la erradicación del trabajo infantil.
Fernando Enrique Mayans, del PRD, estableció que para evitar caer en la demagogia el Ejecutivo y el Legislativo están obligados a hacer valer las leyes nacionales y tratados internacionales para la protección de los derechos fundamentales de la población infantil.
Ello en materia de educación, alimentación, atención sanitaria, disfrute de su desarrollo y oportunidades de crecimiento socio-económico, sobre todo se debe erradicar la violencia contra los niños en México desde una transformación en beneficio de la sociedad.
La senadora Hilda Flores Escalera, del PRI, refrendó que los acuerdos y convenios suscritos por México con organizaciones internacionales son concordantes con las acciones para eliminar la explotación infantil, al recordar que el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 contiene acciones para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia.
La senadora panista Martha Elena García se sumó al respaldo a la firma del Convenio 138 de la OIT; sin embargo planteó la necesidad de implementar acciones para erradicar el trabajo infantil, para lo que es preciso destinar mayores recursos a las acciones que garanticen los derechos a la educación y la salud de niñas, niños y adolescentes.
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