Senadoras del PRI propusieron una iniciativa para reformar el Artículo 86 de la Ley General de Víctimas, a fin de eliminar el requisito de no haber ocupado cargo público dentro de los dos años previos a la designación, como integrante de la comisión ejecutiva de atención a víctimas.
Consideraron que ese impedimento debe ser eliminado, pues evita que servidores públicos que desempeñan sus actividades dentro de la misma comisión o en otras dependencias o instituciones relacionadas a la atención de víctimas en los tres niveles de gobierno, puedan acceder al cargo.
“La profesionalización que una persona que ocupa un cargo público adquiere dentro de una materia o ámbito específico, no debe ser impedimento para acceder a un cargo en el que la experiencia y profesionalización resulta muy útil, sobre todo cuando se trata de un cargo público en el que naturalmente culmina esa labor”, destacaron.
Las legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que elaboraron la propuesta son Arely Gómez González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo.
Destacaron que ocupar un cargo público no coloca al servidor público en ventaja sobre otros aspirantes provenientes de otros sectores como el académico o civil, puesto que las propuestas deben provenir de uno de esos dos sectores.
Más aún, que una universidad pública, una organización no gubernamental o un organismo público de derecho s humanos, proponga al Ejecutivo federal a una persona que ocupa un cargo público, es reconocimiento que durante su encargo se ha desempeñado con profesionalismo, eficiencia, honestidad, honradez y respeto a los derechos humanos, manifestaron las senadoras de la República.
Estas cualidades, indicaron, muestra un perfil idóneo para ocupar el cargo de comisionado dentro de la comisión ejecutiva de atención a víctimas.
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