La coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, señaló que con base en la tercera entrega del informe de fiscalización a la Cuenta Pública para 2019, el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por el despilfarro, la opacidad y el clientelismo.
Dijo que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron irregularidades en el gasto por 67 mil 498.4 millones de pesos.
Y de manera particular, enfatizó, que se encontraron anomalías en las dependencias que operan la mayor parte de los programas sociales que ha puesto en marcha el Gobierno federal.
Detalló que en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), fueron cuatro mil 576.0 millones de pesos, y en la de Bienestar con tres mil 392 millones de pesos.
Juárez Piña destacó los señalamientos del auditor de la Federación sobre la calidad y transparencia de los principales programas sociales, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Respecto al Tren Maya, continuó, la ASF detectó que en 2019, ni el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) ni Fonatur Tren Maya (FTM) acreditaron contar con un proyecto ejecutivo ni un modelo financiero con el fin de identificar el esquema de financiamiento y las posibles obras y servicios por contratar para el Proyecto Tren Maya.
Sobre el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y que se elevó a casi 332 mil millones de pesos, equivalente a 231% más respecto a lo estimado originalmente por el Gobierno federal, la lideresa del PRD indicó que el costo aumentará aún más.
“Se gastará al menos otros 168 mil millones de pesos debido a que se encontró que está pendiente la liquidación del 70% del valor de los bonos emitidos para financiar el proyecto y sobre los cuales se deberán pagar comisiones e intereses generados”, indicó.
Juárez Piña sostuvo que con el costo de cancelación del NAIM se hubiera podido cubrir una salario de emergencia de cuatro mil pesos mensuales durante un año a 6.8 millones de trabajadores que perdieron su empleo durante la pandemia.
“El costo de cancelación del NAIM es un fuerte daño patrimonial a las finanzas públicas al representar 1.3% del Producto Interno Bruto, significa al menos la mitad del déficit público para 2021, y 25% del incremento de la deuda pública en 2020”, denunció.
Aseveró que el despilfarro, la opacidad el clientelismo evidente del primer año del actual gobierno será también la característica de lo que resta de la administración de presidente Andrés Manuel López Obrador, “pues lo que denuncia la ASF sigue imperando y se está acentuando ante las próximas elecciones, particularmente con el uso electoral de los programas sociales y la campaña de vacunación”.
(24-horas.mx)