La presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra Trata de Personas de la Cámara de Diputados, Leticia López, llamó al Senado agilizar el proceso legislativo para dictaminar y votar la minuta de la Ley Federal de Trata, que tipifica como delito la explotación de mujeres con fines reproductivos.
Al presentar el libro “Maternidad Subrogada: Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada panista precisó que desde diciembre del año pasado y por unanimidad se aprobó dicha ley en la Cámara de Diputados.
Pero, en la cámara revisora, la de Senadores, hasta el momento no se le ha dado el trámite correspondiente a esa minuta para que sea votada en el pleno, señaló la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).
López Landeros informó que la renta de vientres no está sancionada penalmente en México, y comentó que es momento de denunciar esa modalidad de explotación.
Por ello, exhortó también al gobierno federal, a los gobiernos y congresos estatales, a los medios de comunicación y empresarios a no ser partícipes de esa modalidad de explotación, y a sumar fuerza para abolir este flagelo.
Sostuvo que las mujeres carecen de protección contra los abusos y la explotación que cometen quienes las convencen de rentar su vientre, y la sanción para este hecho delictivo se plantea en la minuta de la Ley de Trata de Personas “que sigue congelada en el Senado de la República”.
De acuerdo con la panista, la maternidad subrogada o la renta de útero es la comercialización de bebés por encargo, lo cual también incluye el tráfico de personas, además de la ruptura de la relación natural entre madre e hijo.
El libro “Maternidad Subrogada. Explotación de Mujeres con fines reproductivos”, expone diversos casos y precedentes jurídicos en países como Estados Unidos, Argentina, Colombia, Guatemala, Perú, Tailandia y Nigeria.
En esas naciones la explotación de mujeres con fines reproductivos violenta los derechos femeninos y del menor en gestación, al reducirlos a meros objetos de comercio.
Informó que el precio los bebés recién nacidos vendidos -previo acuerdo- oscila entre cinco mil y 15 mil dólares; y en México este tipo de práctica es legal sólo en los estados de Tabasco y Sinaloa, donde los costos que se ofrecen por el proceso son muy bajos en relación con otros países.
Los autores del libro, que es editado por la Cámara de Diputados son Marcelo Bartolini Esparza, Cándido Pérez Hernández y Adrián Rodríguez Alcocer, y la revisión estuvo a cargo de Ingrid Tapia Gutiérrez y Martha Tarasco Michel.
Mauricio Farah Gebara, secretario general de la Cámara de Diputados, quien escribió el prólogo, señaló que si bien la práctica de la maternidad subrogada inició con fines altruistas se ha transformado en un tema crítico.
“La idea general se ha transformado en fuente de intereses económicos, de intentos de sometimiento, de interpretaciones legales múltiples y de conflictos de conciencia” agregó.
El texto señala que la maternidad subrogada o la renta de útero genera dudas en la comunidad jurídica y de defensa de derechos humanos, ya que esa práctica ha abierto las puertas a la explotación de mujeres con fines reproductivos.
Expone asimismo diversos casos y precedentes jurídicos en países como Estados Unidos, Argentina, Colombia, Guatemala, Perú, Tailandia y Nigeria.
De acuerdo con el libro, dada la magnitud del problema que ahora acarrea de manera colateral la renta de vientre materno en el mundo, la Corte de Justicia de La Haya, Holanda, emitió posturas legales en las que advierte sobre la instrumentación indiscriminada de la renta de madres sustitutas.