El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó mantener el registro de Mónica Rangel, candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, pero con la orden a la Unidad Técnica de Fiscalización para que dé seguimiento a los gastos ejercidos luego del periodo de precampaña, para definir si incurrió en actos anticipados de campaña.
Con votaciones divididas, se aprobó por mayoría de votos imponer una multa económica a Morena en San Luis Potosí por cinco millones 923 mil 788.28 pesos. Mientras que a la candidata Mónica Rangel y a las precandidatas Paloma Rachel Aguilar Correa y Luz María Lastres Martínez una multa por 434 mil 400 pesos.
A la precandidata María del Consuelo Jonguitud Munguía se le impuso una amonestación pública por no contar con capacidad económica para solventar una multa.
Como MILENIO adelantó hace una semana, el proyecto privilegió la etapa del proceso que implica más de dos semanas de campaña en esa entidad, por lo que retirar el registro de una candidata vulneraría el derecho al voto de la ciudadanía.
Consejeras consideraron que caso debía analizarse igual que Guerrero y Michoacán
Sin embargo, el proyecto generó una votación dividida, pues las consejeras Carla Humphrey y Claudia Zavala se manifestaron en contra de que el proyecto considerara parámetros distintos a los casos anteriores de Guerrero y Michoacán, ya que la actitud de omitir los reportes de fiscalización, la actitud grave y dolosa de intentar engañar a la autoridad electoral es la misma.
“La conducta de las personas y en particular de la candidata no es diferente a las que juzgamos en ocasiones pasadas, yo no encuentro en el caso una diferencia por ejemplo, respecto a la actitud dolosa de engañar al presentar un informe en ceros, es la misma actitud de esta candidata, perdón pero yo no acompaño eso, no podemos decir que todo lo que se hizo es culpa, que es negligente, creo que se sostienen las mismas premisas que veníamos sosteniendo.
“El proyecto tiene un error y es considerar que es culpa y no, es doloso, sigue siendo doloso. Se parte de la misma premisa. Estaríamos ante un fraude a la ley porque entonces si los plazos se dan fuera estaríamos abriendo una puerta de opacidad y de oportunidad para ser omisos”, advirtió la consejera Claudia Zavala.
Carla Humphrey coincidió en que la decisión de la autoridad electoral parecería “una vía de impunidad para violar los alcances de la ley” y acusó que los posicionamientos de otros consejeros son “falsos” en cuanto a que el INE ya no podía pronunciarse sobre gastos que se dieron en etapas anteriores a las campañas, como es este caso.
Analizarán actos anticipados de campaña
Señaló que si los gastos de la candidata de Morena se dieron en el periodo de intercampaña y no de precampañas, entonces deben analizarse como actos anticipados de campaña y se sumen a los topes de gastos de esta etapa; mientras la consejera Dania Ravel propuso remitir la información al OPLE de San Luis Potosí para que realicen su propia indagatoria; pero ambas propuestas fueron rechazadas.
La consejera Claudia Zavala dijo que entendía que no se pudiera cancelar una candidatura a estas alturas de la contienda, pero rechazó que el proyecto cierre el caso pese a las evidentes omisiones.
“¿Qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Lo vamos a dejar en la nada? Decir, ya se posicionó, ya fue fuera de precampaña ¿y ya? No, me parece que si fue fuera de precampaña, entonces lo tenemos que mandar al OPLE y que se analice como acto anticipado de campaña, y en la ley de San Luis Potosí ¿con qué creen que se sancionan los actos anticipados de campaña? Con la pérdida de registro.
“Por eso me aparto del proyecto porque derriba todo lo que he sostenido, esta falta es mayor, esta falta es dolosa porque el partido y la precandidata se atrevió a dar informe en ceros y después gastos diciendo ‘pues ya que la Sala Superior les dio ese criterio, entonces sí ahí van mis gastos’, pues no, esto debe ser analizado como la importancia que tiene la transparencia y la rendición de cuentas de uso de recursos”, agregó.
Ángel Ávila, representante del PRD, criticó que el INE dé marcha atrás a los criterios que ya había establecido y que está en la ley, pues consideró que esto genera un precedente de que la autoridad electoral sanciona con dobles varas.
“No es buena señal que el INE mida con doble y distinta vara. No se debería tomar en consideración el periodo del proceso electoral, la ley debe cumplirse siempre a cabalidad; no estamos hablando de si hubo tres o cuatro inserciones en Facebook sino de la omisión en la rendición de cuentas, más allá de si es mucho o poco dinero, la ciudadanía debería saber de dónde sale ese dinero para sus precampañas”, indicó.
Por mayoría de votos, el Consejo General respaldó la propuesta del consejero Ciro Murayama de ordenar que sea la Unidad Técnica de Fiscalización la que le dé seguimiento al caso y analice si se incurrió en alguna infracción referente a actos anticipados de campaña.
El proyecto documentó gastos de Mónica Lilia Rangel Martínez por 148 mil 769.82 pesos; de Paloma Rachel Aguilar Correa por 22 mil 903 pesos y de Luz María lastres Martínez por siete mil 24 pesos.
(milenio.com)