El Instituto Nacional Electoral sigue a la espera de que la Secretaría de Hacienda resuelva el presupuesto de mil 500 millones de pesos, para poder realizar la consulta popular que el propio gobierno federal promovió y que está obligado a financiar.
Funcionarios del INE señalaron a MILENIO que el propio consejero Lorenzo Córdova ha enviado solicitudes directas al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera para definir cómo se financiará la consulta popular en contra de los actores políticos y ex presidentes.
Desde finales del año pasado cuando la Cámara de Diputados aprobó la aprobación del presupuesto federal para el 2021, el INE destacó que además de un recorte histórico de más de 800 millones de pesos en pleno proceso electoral, no consideraron ni un solo peso de los mil 499 millones 392 mil 699 pesos adicionales que solicitaron para la primera consulta popular organizada por la autoridad electoral.
El Poder Legislativo nunca dio respuesta a la solicitud del INE, por lo que han solicitado varios acercamientos con la Secretaría de Hacienda sin que hasta este momento tengan respuesta.
Funcionarios electorales explicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la consulta que “el gobierno promovió y que es quien debe aportar los fondos para su realización”.
El diciembre del año pasado, el INE también interpuso un recurso ante la Suprema Corte señalando que el Congreso federal “no previó los mecanismos que proveyeran del presupuesto necesario al INE, para hacer frente a su encomienda constitucional como órgano autónomo”, recurso que ese mismo mes fue admitido por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Al interior del INE planean el calendario de difusión para la consulta popular que debe realizarse el 1 de agosto de este año, con algunas opciones para poder reducir más los gastos.
La propuesta inicial contemplada por el Consejo General del INE prevé la instalación de 104 mil 667 casillas para que cada una pueda recibir hasta mil 500 electores, en lugar de las 164 mil 550 que se instalarán en la jornada electoral del 6 de junio; mesas directivas de casilla con tres y no seis funcionarios y con los mismos ciudadanos ya capacitados para las elecciones; y reutilizar los cuadernillos de la Lista Nominal de Electores.
También propusieron que los cómputos distritales se realicen conforme llegan los paquetes electorales para no tener que invertir en el programa de resultados preliminares, disminuir dos días de trabajos del Instituto y la contratación del personal.
(milenio.com)