Con 431 votos a favor y 21 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó una adición al artículo 343 Bis del Código Penal Federal para aumentar hasta seis años de prisión la pena máxima por el delito de violencia familiar contra adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.
La legislación penal define la violencia familiar como los actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica contra cónyuges, concubinos o parientes por consanguinidad, afinidad o civil, e impone sanción de seis meses a cuatro años de cárcel.
El proyecto enviado al Senado de la República plantea incrementar dichas penas hasta en una mitad en los casos antes señalados.
“Cuando el delito de violencia familiar se cometa en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo”, señala el dictamen.
Con ello se busca garantizar los derechos de dichos grupos en situación de vulnerabilidad al interior de los hogares, al sancionar con mayor dureza las conductas por violencia familiar cometidas en contra de estas personas.
De acuerdo con el documento, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más en México, 66.1 por ciento ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor.
Asimismo, 43.9 por ciento ha sufrido agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación, lo cual se acentúa entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años.
Tan solo en 2018 se registraron 3 mil 752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años, lo que en promedio significa 10 muertes de mujeres diariamente por agresiones intencionales.
Al fundamentar la reforma al Código Penal Federal, la legisladora panista Lizbeth Mata subrayó que la violencia contra las mujeres se ubica en las relaciones de mayor cercanía y familiaridad, y son las relaciones de pareja, por unión, matrimonio o noviazgo, los espacios donde se ejercen con mayor frecuencia y severidad agresiones de todo tipo contra las mujeres.
“Otro tipo es la que sufren las personas con discapacidad y los adultos mayores por los familiares que se encuentran al cargo de ellas”, indicó.
En su turno, la diputada emecista Elvia Yolanda Martínez condenó la violencia contra niñas y mujeres, aunque admitió que el aumento de penas no es la solución por sí misma al problema ni el punitivismo ha resuelto los temas de inseguridad.
(milenio.com)