El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exige a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales, se investigue y detenga a los presuntos responsables de los crímenes de odio cada vez más frecuentes en nuestro país.
En el marco de la Marcha del Orgullo LGBTTTI+, las y los diputados del PRD demandaron a las autoridades poner fin a la violencia y asesinatos contra integrantes de esta comunidad.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México, de la Fundación Arcoiris, en 2020 se registraron 43 asesinatos.
En total, de mayo de 2020 a abril de 2021 han ocurrido 87 crímenes de odio en el país, siendo Morelos, Veracruz, Baja California y Chihuahua, los estados donde se registran más agresiones.
Esta violencia es una muestra de que los crímenes de odio, de los cuales son víctimas las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI), continúa siendo una de las calamidades del país, sostiene la Fundación.
El informe resaltó que la violencia contra integrantes de la comunidad durante la pandemia también se incrementó notablemente. “El año 2020 ha sido, sin duda, un reto en el acceso a los derechos humanos debido a la pandemia mundial del COVID-19. Considerando que, existen impactos sobre todos los derechos humanos frente a los diversos contextos ocasionados por la emergencia sanitaria, especialmente en relación al derecho a la vida, la salud e integridad personal, se ven también seriamente afectados el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación, al agua y a la vivienda, por mencionar algunos”.
En este contexto, el informe demanda al gobierno de “México tome en serio las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le ha planteado e inicie las acciones para cumplirlas. Sólo así empezaremos a dar pasos firmes para contribuir a la erradicación de los crímenes de odio y por prejuicio contra personas LGBT.”
Las y los diputados federales perredistas se adhieren a esta demanda y exigen a los distintos niveles de gobierno y a las dependencias involucradas, “cumplan con lo establecido en la Constitución de la República, las leyes secundarias y los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos, sobre todo los derechos a la seguridad y a la justicia, y que los crímenes de odio no queden impunes.”