El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, asumió el reto de cumplir con el mandato constitucional de implementar el nuevo sistema penal acusatorio en el país a más tardar el 18 de junio de 2016.
Al suscribir un convenio con el Gobierno del Distrito Federal, el ministro Aguilar Morales reconoció que hacer frente a esa tarea no es sencillo, pues para su cumplimiento confluyen factores como presupuestal, recursos materiales y de infraestructura inmobiliaria.
Con este convenio, el gobierno capitalino asignó al Poder Judicial de la Federación a título gratuito y por tiempo indefinido el uso y aprovechamiento de inmuebles señalados, ubicados en los Reclusorios Norte, Sur y Oriente del Distrito Federal.
Ante el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, el presidente del alto tribunal explicó que en dichos espacios se albergará a los órganos jurisdiccionales especializados en procesos penales federales y a las salas de oralidad.
Ello, con la finalidad de dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia penal, la cual tiene como fecha límite el 18 de junio de 2016 para que el nuevo proceso penal acusatorio federal quede implementado en el territorio nacional, recordó.
“Se trata de una frontera insuperable que el Constituyente Permanente claramente estableció en el Artículo Segundo Transitorio del decreto reformatorio, para que dicho sistema penal entre en vigor”, aseveró Aguilar Morales.
En 2014 se trazó una línea de acción para instalar en el territorio nacional de manera gradual la infraestructura física para que los juzgadores y los justiciables tengan áreas que permitan el óptimo desahogo de las audiencias conforme al nuevo modelo procesal acusatorio penal federal, indicó.
Mancera Espinosa detalló que el convenio permite que el uso de los inmuebles ubicados en reclusorios capitalinos por el Poder Judicial estén protegidos por una figura jurídica, “sin que esté en la incertidumbre de un permiso administrativo temporal revocable”, que es como operaban anteriormente.
Cada uno de los inmuebles ubicados en los reclusorios mencionados cuenta con más de tres mil metros cuadrados de superficie, y el Gobierno del Distrito Federal abona “con la tarea de mejorar la impartición de justicia.
En al acto también estuvieron el ministro Alberto Pérez Dayán; el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza; el magistrado Juan José Olvera, titular de la Unidad de implementación de la Reforma Penal, y el Consejero Jurídico y de Servicios Legales capitalino, José Ramón Amieva Gálvez.