A cinco años de la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) la CNDH exhortó a los sistemas penitenciarios estatales y federales a realizar actividades sustantivas que den cumplimiento a la misma, para garantizar el acceso a servicios básicos en reclusión y a efectiva reinserción social.
En este aspecto, el organismo autónomo señaló que la LNEP es resultado del trabajo de organizaciones civiles, expertos, académicos y Organismos de Derechos Humanos, por lo que, entre sus principios rectores, destaca el derecho fundamental a la reinserción social.
Asimismo, la CNDH solicitó al estado, cumplir con el propósito de garantizar las necesidades básicas de todas las personas privadas de libertad, mediante el trabajo, la educación, la salud, la cultura y el deporte, esto a través de las Comisiones Intersecretariales correspondientes.
La Comisión Nacional advirtió en su recomendación general 38/2019, la necesidad de que las Comisiones Intersecretariales, tanto federal como estatales, generen programas y políticas las cuales hagan eficaces los derechos fundamentales de las personas en prisión.
De este modo, la CNDH detalló que, a pesar de que la mayoría de los estados ya cuenta con dichas instancias, su funcionamiento no ha generado resultados visibles que redunden en una mejor calidad de vida de las personas en reclusión.
Hasta ahora, se ha identificado que los sistemas penitenciarios de 14 entidades como Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas efectúan acciones a favor de las personas en reclusión. Mientras que el sistema penitenciario federal y 18 estatales, entre los que se ubican Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas no han informado sobre actividades sustantivas al respecto.
La Comisión Nacional también identificó que en la práctica persiste el desconocimiento de recursos jurídicos entre la población penitenciaria.
Por otro lado, se han detectado carencias en la infraestructura de algunos centros penitenciarios que albergan a mujeres y hombres en condiciones deplorables; aunado a ello, la CNDH considera que la pandemia por COVID-19 debió servir como escenario para tomar decisiones a favor de las personas en reclusión.
Dicho esto, invitó a los sistemas penitenciarios federales y estatales, así como a las autoridades correspondientes a implementar programas y jornadas que permitan a las personas en reclusión y a sus hijas e hijos que viven con ellas, acceder a servicios básicos y ejercer su derecho a una defensa adecuada y recursos legales eficaces, a partir de un enfoque diferencial y con perspectiva de género.
Así pues, para este Organismo Nacional, la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal debe transitar a un proceso dinámico que permita poner en el centro de las acciones conjuntas a las personas privadas de la libertad
(milenio.com)
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