La Profepa dio a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) avaló su actuación en el caso Holbox, al determinar que la detención en flagrancia de 16 personas cuando desmontaban mangle se llevó a cabo sin violentar sus derechos.
El organismo informó que así lo señala el oficio 04279 suscrito por la Sexta Visitaduría de la CNDH, recibido por esa institución federal.
En el documento se informa que el respectivo expediente de queja concluyó con base en el Artículo 125 fracción II de su Reglamento Interno, al no existir violaciones a los derechos humanos en el caso.
El oficio recibido por la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de la Profepa fue emitido con fecha 29 de enero de 2015 y lo suscribe Gerardo Montfort Ramírez, director general de la Sexta Visitaduría del organismo defensor.
Recordó que en atención a denuncias ciudadanas, el 24 de julio de 2014, en un operativo con la Secretaría de Marina (Semar), personal de la Profepa detuvo en flagrancia a 16 sujetos cuando desmontaban una zona de manglar en un predio de la zona suroeste de la Isla Chica de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.
Los detenidos fueron trasladados y presentados ante el Ministerio Público Federal con sede en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, en tanto que la CNDH solicitó a esa dependencia un informe pormenorizado sobre el operativo.
El 26 de agosto de 2014 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rindió un informe mediante el oficio PFPA/5.3/2C.18/08730 en el que dio a conocer que, derivado de una denuncia popular, llevó a cabo el dispositivo en materia forestal con el apoyo de la Semar.
En esa acción encontró personas realizando poda de vegetación forestal en detrimento de ecosistemas de manglar, motivo por el cual los elementos de la Semar detuvieron a los involucrados.
Respecto al proyecto turístico “La Ensenada” desarrollado en la Isla Holbox, la CNDH también determinó que esa procuraduría atendió de manera cabal las diversas denuncias ciudadanas presentadas en torno a las posibles afectaciones ecológicas que provocaría la obra al Área Natural Protegida Yum-Balam.
La comisión determinó que una vez analizadas las documentales e informes remitidos por diversas autoridades, incluyendo la Profepa, se determinó que la procuraduría ha dado atención a las quejas populares.
“Esa situación confirma que las actuaciones de la procuraduría se realizan en estricto apego a la legalidad y con respeto a los derechos humanos”, subrayó la Profepa.