La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña informó que la Secretaría de Hacienda ha destinado casi 49 millones de pesos para crear la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema de Información Integral.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados explicó que con esa nueva procuraduría se da cumplimiento al Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Detalló que dicha procuraduría estará integrada al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, actuará a nivel nacional y dará acompañamiento a los menores de edad que hayan sufrido la vulneración de sus derechos.
Señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya ha dado el visto bueno “para que podamos tener este año la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; es un primer paso para sensibilizar y atender este tema”.
“Los recursos nunca son suficientes, apenas daremos el primer paso para constituir la procuraduría; contaremos con lo básico que podrá ejercerse este año”, indicó.
Precisó que la dependencia designó 40 millones a la nueva procuraduría federal y entre seis y nueve millones de pesos para el Sistema de Información Integral.
Comentó que habrá que visibilizar el tema en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016, que incluya, por ejemplo, el Registro Nacional de Centros de Asistencia, para saber cuántos menores existen y dónde están.
Dijo que se tendrá que dotar a la procuraduría de las herramientas para cumplir con el objetivo de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; más allá de crearla, es fundamental garantizar que atenderá a este sector, conformado por casi 41.5 millones de mexicanos.
Consideró que esa nueva institución “trabajará para observar y coadyuvar en restituir los derechos que se hayan violentado a los infantes”.
Además, agregó, dará los lineamientos para supervisar los distintos albergues, hospicios y casas cunas, es decir a las instituciones en las que se encuentren los menores que carezcan de una familia.
Señaló que en principio tiene una gran responsabilidad, ya que también establecerá los lineamientos generales para las demás procuradurías estatales.
Por otra parte, los integrantes de la comisión avalaron tres puntos de acuerdo en favor de la protección de los derechos de la niñez mexicana, así como el quinto informe semestral de actividades.
Destaca la solicitud a los titulares de los sistemas de salud federal estatales para que diseñen esquemas de atención médica inmediata a menores que sean diagnosticados con algún tipo de cáncer, sin importar que estén o no adscritos a algún sistema de salud público.
A nivel nacional se registran entre cinco y seis mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años al año, que deben ser atendidos de inmediato a través de algún sistema de salud público o particular para intentar restaurar la salud perdida o paliar los dolores.
Indica que cada año más de 250 mil niños en el mundo reciben este tipo de diagnóstico, estimándose en cerca de 90 mil las niñas y niños que mueren debido a esta enfermedad.
Asimismo, los legisladores aprobaron un acuerdo con el objetivo de prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.
Acordaron pedir a los titulares de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Secretaría de Educación Pública promuevan, implementen y supervisen las medidas y políticas públicas con dicho fin.
Avalaron otro acuerdo para que el titular del INEGI instruya y coordine la elaboración de “un estudio estadístico para determinar el índice de ejercicio efectivo de derechos de la infancia y la adolescencia contenidos en el Catálogo de Derechos que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Al respecto, Juárez Piña señaló que no se tienen datos precisos sobre el porcentaje de menores que ejercen sus 20 derechos básicos.
Refirió que se estima que de los 41.5 millones de menores en el país sólo cerca de 16 por ciento goza sus derechos de manera plena, por lo que se requiere conocer esta estadística a fin de diseñar políticas públicas que coadyuven a que se cumplan y protejan.
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