El Consejo General del INE resolvió devolver el proyecto de acuerdo por el que se sobreseía el caso sobre descuentos de nómina de 3.5 por ciento a trabajadores del ayuntamiento de Torreón, Coahuila, mismos que fueron transferidos a cuentas del PRI local.
A propuesta de los consejeros Pamela San Martín y Javier Santiago, el Consejo General determinó que el expediente se regresara a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para ampliar la investigación y resolver si este caso es de competencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
El proyecto de acuerdo, sometido al análisis del colegiado, proponía sobreseer el procedimiento sancionador ordinario por incompetencia respecto a las denuncias presentadas por los senadores panistas Javier Corral y Luis Fernando Salazar.
Ambos legisladores denunciaron hechos presuntamente constitutivos de infracciones a la normativa electoral, consistentes en supuestas transferencias electrónicas por parte del Ayuntamiento de Torreón, de enero a abril de 2014, al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Luego de un largo debate en el que los representantes partidistas defendieron la legalidad de las cuotas que aportan los militantes y simpatizantes a los institutos políticos, se consideró que en este caso no hay claridad respecto a si fueron cuotas o descuentos obligatorios.
Lo anterior, toda vez que el propio presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció que hubo descuentos de nómina a los trabajadores de “confianza” del ayuntamiento, pero se incluyeron a empleados de limpia, cuidado de panteones y jardineros.
En su intervención, el consejero Ciro Murayama propuso que toda vez que se presume que existió un delito electoral se debería dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), planteamiento que no fue votado y por tanto no se aprobó.
A su vez, la consejera Pamela San Martín expuso que si bien se tiene acreditado que las transferencias a las cuentas del PRI se dieron hasta septiembre del año pasado, los descuentos se extendieron hasta noviembre de 2014.
Por tal motivo, dijo, el expediente debe ser regresado a la Unidad de la Contencioso Electoral para ver el destino de los recursos, porque éstos pudieron ser utilizados para el proceso electoral federal y no sólo para el local, y en ese caso sí tendría competencia el INE.
En su intervención, el consejero del Poder Legislativo del PAN, Javier Corral, reconoció la legalidad de las cuotas que aportan los militantes y simpatizantes a sus partidos, pero subrayó que se está ante un caso de extorsión, pues se trata de aportaciones obligatorias.
En tanto el represente del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que independientemente del caso del municipio de Torreón éste es un tema de fondo que debe resolver el Instituto respecto a cómo transfieren cuotas los militantes a sus respectivos partidos.
Los representantes de Morena, Horacio Duarte; PAN. Francisco Garate; PRD, Guadalupe Acosta Naranjo; Partido Humanista, Ricardo Espinoza, coincidieron con Ramírez Marín en la legalidad de las cuotas de los militantes y consideraron que era necesario profundizar en este tema.
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