Washington.- El secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson, alertó que sin un presupuesto regular esa entidad tendrá dificultades en sus tareas de salvaguarda, lo que incluso podría tener implicaciones en la próxima campaña presidencial.
“El reloj hacia el 27 de febrero está caminando. En estos tiempos, el presupuesto del Departamento (de Seguridad Interna) no debería ser un balón de futbol”, dijo Johnson al hacer un nuevo exhorto para no demorar la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2015.
Aunque el Congreso aprobó en 2014 una ley de presupuesto para la totalidad del gobierno federal, en el caso del Departamento de Seguridad Interna (DHS) autorizó fondos para cubrir sus operaciones hasta el 27 de febrero de este año, tras un acuerdo alcanzado entre republicanos y demócratas.
Hace dos semanas, la Cámara de Representantes, bajo dominio de los republicanos, aprobó un presupuesto regular para el DHS con tres enmiendas destinadas a bloquear las acciones de alivio migratorio anunciadas por el presidente Barack Obama en noviembre pasado.
En una presentación en el Centro Woodrow Wilson, Johnson urgió al Congreso a aprobar un presupuesto “libre de enmiendas con carga política”.
El funcionario advirtió que sin un presupuesto regular para la fecha límite, el DHS no podrá pagar por las medidas adicionales para fortalecer la seguridad en la frontera o ejecutar los cambios en el Servicio Secreto propuestos el año pasado por un panel independiente.
“Esto quiere decir que no podremos invertir en las cosas que el panel independiente recomendó para mejorar el Servicio Secreto; no podremos contratar nuevos agentes del Servicio Secreto para el próximo ciclo electoral presidencial”, explicó.
Durante la campaña presidencial, la seguridad de los candidatos presidenciales y a la vicepresidencia, así como la de sus familias, queda en manos del Servicio Secreto.
Tanto Obama como la Casa Blanca han reiterado la amenaza de veto para cualquier proyecto de presupuesto para el DHS que incluya enmiendas destinadas a bloquear las medidas de alivio migratorio.
A pesar de que controlan también el Senado, los republicanos no cuentan con los 60 votos que necesitarían para revertir un veto presidencial.