Madrid.- El gobierno español destituyó hoy a su delegado en la Comunidad Valenciana (este), Serafín Castellano, detenido por un presunto caso de corrupción para favorecer a una empresa con contratos públicos a cambio de favores.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáez de Santamaría, anunció la decisión de cesarlo de su cargo después que se conoció que su detención se hizo junto a otras ocho personas en una operación policial tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.
“Hemos procedido a cesar inmediatamente a esta persona. Pensamos que así se debe actuar y así lo hemos hecho. Su situación jurídica la decidirá un juez encargado de la investigación”, aseveró.
Castellano ha sido funcionario de los gobiernos del Partido Popular (PP) en la Comunidad Valenciana, y fue designado por el gobierno del presidente Mariano Rajoy como su delegado allí en 2014, tras los malos resultados electorales de la formación en las elecciones al Parlamento Europeo.
La acusación contra Castellano parte de un contratista que le acusó de haber recibido un rifle como regalo de un empresario, al que años atrás siendo consejero de Gobernación de la Comunidad Valenciana favoreció para ganar contratos para su firma de extinción de incendios (principalmente forestales).
La policía detuvo este viernes a otras ocho personas de la empresa, vinculadas también a las presuntas operaciones fraudulentas en que está implicado Castellano.
Además, el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, también del PP, fue condenado este viernes a 13 meses de inhabilitación por delito de desobediencia, al demorar cinco años una sentencia sobre un edificio en su ciudad.
León de la Riva, quien el pasado domingo perdió la mayoría absoluta en las elecciones municipales tras 20 años como alcalde, no podrá validar su acta de concejal ni siquiera para ser dirigente opositor en la capital de Castilla y León.