Caracas.- Centenares de damnificados, que hoy viven en departamentos construidos por la Misión Vivienda Venezuela, reclaman al gobierno sus documentos de propiedad, informó el dirigente del Comité de Afectados por la Tragedia de Vargas, Mariano Sanoja.
“Aun cuando muchos llevan más de tres años habitando esos urbanismos no se les ha entregado el título de propiedad”, denunció.
Sanoja dijo que el gobierno cedió departamentos a damnificados de diversos eventos climatológicos, pero solo les entregó un título “multifamiliar” que no les reconoce propiedad alguna sobre el inmueble habitado.
“Estas personas a pesar de que han cancelado (pagado) las viviendas en su totalidad continúan siendo adjudicatarios y no propietarios, lo cual resulta una burla para quienes ya pasaron por un momento trágico y doloroso”, denunció el dirigente la organización civil.
Sanoja consideró que este modelo mediante el cual las familias no son propietarias de las casas que habitan propicia la delincuencia en los urbanismos de la Misión Vivienda Venezuela, al saber que el inmueble no les pertenece.
Describió el proceso de construcción, adjudicación y ocupación de las viviendas de interés social, como una cadena de eventos que facilitan el delito.
“El programa comenzó con el estímulo a la ocupación de terrenos, predios e inmuebles a medio construir. Esto desató una ola de invasiones en Caracas y el interior del país por personas vinculadas al partido de gobierno”, recordó.
Sanoja denunció que en pleno corazón de Caracas fueron invadidos edificios comerciales, los cuales aún permanecen ocupados, así como 19 estacionamientos cuyos propietarios siguen sin recibir un centavo por la expropiación de sus bienes.
También denunció que sindicatos de la construcción se apropiaban de las viviendas que construían para el gobierno y que muchos funcionarios públicos cobraban por la asignación de casas y apartamentos.
En estos desarrollos habitacionales la ley de propiedad horizontal fue sustituida por la ley de propiedad multifamiliar, aprobada en 2011, la cual garantiza solo el uso y disfrute del departamento, pero no de su propiedad, reafirmó Sanoja.
Explicó que al faltar un reglamento adecuado en el condominio, manda el grupo más fuerte que es el que detenta las armas y se impone por la fuerza cuando se toman decisiones.
Sanoja dijo que para disminuir los niveles de violencia en estas comunidades hay que convertir en propietarios a quienes les dieron viviendas, ya que “la delincuencia de reproducirá si no hay propiedad, ya que no es lo mismo ser dueño que adjudicatario”.